Arica. 07.08.2025. El informe complementario representa el sentir de 17 organizaciones vecinales agrupadas en el conocido Polígono de Polimetales de Arica. Su elaboración se realizó en el marco de la 78ª reunión de la Comisión de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y que desde 2022 incorpora la dimensión de derechos ambientales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El texto que será dado a conocer en los próximos días, revela el incumplimiento del Estado de Chile sobre las promesas realizadas a la población afectada por la contaminación de polimetales. En este marco, como Observatorio de políticas Públicas Regionales, tuvimos la oportunidad de redactar -con la ayuda de muchas personas- un informe complementario, también denominado alternativo sobre la situación actual de la población afectada por los polimetales, cuyo polígono agrupa a 17 juntas vecinales de la ciudad de Arica. El informe complementar recogió las insatisfacciones de las y los dirigentes vecina, cuyo enfoque se realizó, por razones de eficiencia normativa, en la salud pública y su elaboración se realizó en el marco de la 78ª reunión de la Comisión de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y que desde 2022 incorpora la dimensión de derechos ambientales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El texto que será dado a conocer en los próximos días, revela el incumplimiento del Estado de Chile sobre las promesas realizadas a la población afectada por la contaminación de polimetales.
La contaminación por polimetales en Arica, Chile, es un conflicto ambiental y de salud pública que persiste desde la década de 1980, afectando a unas 12,000 personas, principalmente en los sectores de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica. Entre 1984 y 1985, la empresa sueca Boliden, a través de la chilena Promel, depositó aproximadamente 20,000 toneladas de desechos tóxicos con altos niveles de plomo, arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados en el sitio F, un área industrial de la ciudad. Estos residuos, abandonados sin tratamiento adecuado, han generado graves impactos en la salud y calidad de vida de la población, exacerbados por la construcción de viviendas sociales en zonas cercanas entre 1989 y 1995, sin advertencias sobre la toxicidad del suelo.
La exposición prolongada a polimetales ha causado enfermedades como cáncer, anemia, dermatitis, megacolon tóxico, trastornos neurológicos, TDAH, TEA, abortos espontáneos y problemas de aprendizaje, especialmente en niños, observándose un sufrimiento continuo, con familias enfrentando complicaciones de salud crónicas y una carga emocional significativa. La contaminación también ha estigmatizado a las comunidades, dificultando la venta de propiedades y el acceso a servicios básicos, mientras que sectores como Cerro Chuño enfrentan problemas adicionales de delincuencia y marginalidad.
En 1998, tras denuncias comunitarias, se trasladaron los residuos a otro sitio, pero con medidas de protección deficientes, perpetuando la dispersión de contaminantes. La Ley 20.590 de 2012 estableció un programa de intervención que incluye atención médica en el Centro de Salud Ambiental, reubicación de familias y estudios ambientales. Sin embargo, su alcance está limitado a personas nacidas antes de mayo de 2012, excluyendo nuevos casos. A mayo de 2025, 13,742 personas están inscritas en el programa, con un 69% en control permanente.
A pesar de avances como la construcción de un nuevo Centro de Salud Ambiental financiado con $3,980 millones del Gobierno Regional, la respuesta estatal ha sido criticada como fragmentada y lenta. La falta de médicos especializados en toxicología, la insuficiente remediación de suelos y la exclusión de nuevos afectados generan descontento. Además, la dispersión de contaminantes por vientos y la ocupación de viviendas abandonadas en zonas contaminadas agravan el problema.
