Por Carlos Acevedo Mora. 02.06.23. La inteligencia artificial (IA) ha generado un gran impacto en diversos ámbitos de nuestra sociedad, incluyendo diseño de políticas públicas. Si bien ofrece grandes promesas en términos de eficiencia y efectividad, también plantea desafíos éticos y sociales significativos. Se hace necesario como sociedad explorar críticamente su aplicación puesto que su incorporación ha cambiado las reglas del juego destacando la importancia de propiciar un enfoque equilibrado y responsable que permita aprovechar sus oportunidades y minimizar sus externalidades negativas.

En cuanto a las oportunidades, por su parte tenemos el análisis de datos y toma de decisiones basada en evidencia. La IA puede procesar grandes volúmenes de datos y extraer información valiosa que respalda la toma de decisiones basada en evidencia. Esto permite una comprensión más profunda de los problemas y necesidades de la sociedad, y puede ayudar a elaborar políticas más efectivas y eficientes.

Por otra parte, la IA puede automatizar tareas rutinarias y repetitivas en la elaboración de políticas, lo que ahorra tiempo y recursos. Esto permite a los responsables de políticas públicas centrarse en actividades más estratégicas y creativas, mejorando la eficiencia y acelerando el proceso de formulación de políticas.

Además, los algoritmos de IA pueden analizar datos históricos y en tiempo real para predecir y anticipar problemas, riesgos y tendencias. Esto brinda la oportunidad de tomar medidas preventivas y adaptativas, lo que facilita una toma de decisiones más ágil y proactiva.

Sin embargo, la inteligencia artificial en la elaboración de políticas públicas presenta desafíos que como sociedad debemos superar, como los sesgos y discriminación, en efecto IA puede estar sesgada si se entrena con datos que reflejan prejuicios y discriminación existentes. Esto podría llevar a la adopción de políticas públicas injustas o discriminatorias. Es fundamental garantizar una selección de datos adecuada y realizar pruebas rigurosas para identificar y mitigar los sesgos en los algoritmos de IA.

Por otra parte, la IA requiere el acceso y procesamiento de grandes cantidades de datos, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos personales. Es esencial establecer marcos legales y regulaciones sólidas para garantizar el uso ético y responsable de los datos en la elaboración de políticas, protegiendo la privacidad de los ciudadanos.

además, a medida que la IA automatiza tareas, existe la posibilidad de un desplazamiento laboral significativo, lo que puede generar desigualdades económicas y sociales. Es importante abordar estos impactos, implementando medidas de reentrenamiento y reconversión laboral para garantizar una transición justa y facilitar la adaptación de los trabajadores a las nuevas demandas laborales.

En conclusión, la inteligencia artificial en la elaboración de políticas públicas ofrece grandes oportunidades para mejorar la eficacia de las decisiones basadas en evidencia, automatizando tareas y facilitando la anticipación de problemas. Sin embargo, debemos ser conscientes de los desafíos éticos y sociales que conlleva su implementación. Es fundamental abordar los sesgos y discriminación potenciales, garantizar la privacidad de los datos de la población, y mitigar el impacto del desplazamiento laboral. Solo a través de un enfoque equilibrado y responsable podremos aprovechar plenamente las ventajas de la inteligencia artificial y minimizar sus riesgos en el diseño de políticas públicas.

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Carlos Acevedo Mora, es licenciado en Ciencias de la Administración, MBA, Posgraduado en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos e Ingeniero Comercial, Diplomado en Métodos de Investigación y Publicaciones Académicas. Se ha desempeñado en industrias de la construcción, el transporte y la consultoría, Además ha colaborado en el ámbito del diseño de proyectos con diversas organizaciones sociales de la macro zona andina, especialmente del norte de Chile y sur del Perú. Ha desarrollado su línea de investigación con las comunidades rurales, en temas relacionados con el medio ambiente, el patrimonio y las políticas públicas.